El Decreto 787-26 establece el Código de Ética para la Inteligencia Artificial en los servicios públicos de República Dominicana, marcando un hito en la regulación tecnológica del Estado. La norma fija condiciones, obligaciones y prohibiciones para el uso de sistemas automatizados por parte de las entidades del sector público.
Origen y alcance de la normativa
El código fue elaborado por la Ogtic (Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación) y la Digeig (Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental), con la participación de diversos sectores y el apoyo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto. Toma como referencia estándares de la Unesco y la OCDE.
Aplica a todas las entidades de la Administración pública, centralizada y descentralizada, que disponen de 180 días calendario para adaptar sus procesos, registrar los sistemas que ya utilizan y designar funcionarios responsables de su cumplimiento.
Principales disposiciones
Evaluación previa obligatoria: Los sistemas de alto impacto aquellos que afecten derechos, beneficios sociales o incluyan potestades sancionadoras deben someterse a una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos antes de entrar en funcionamiento. No se habilita su uso sin la aprobación del órgano de supervisión.
Transparencia y derecho a explicar las decisiones: Los ciudadanos podrán saber si un trámite o decisión administrativa contó con apoyo de inteligencia artificial. Existirá una vía para solicitar explicaciones y toda decisión automatizada podrá ser revisada por una persona humana.
Prohibiciones clave:
- Clasificación social generalizada (scoring)
- Identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial
- Perfilamiento criminal predictivo por criterios territoriales o socioeconómicos
- Uso de IA para automatizar sentencias penales
- Desarrollo de armas autónomas
- Generación de contenidos lesivos o discriminatorios contra menores de edad Control sobre tecnologías adquiridas por el Estado: Se prohíbe la compra de sistemas de «caja negra» que no puedan ser auditados. Las instituciones deberán exigir garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control sobre los datos personales.
Nuevo organismo de supervisión
Se crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, con funciones consultivas y de coordinación. Estará integrado por instituciones estatales, representantes de la academia y de la sociedad civil, provenientes del Foro Multiactor de Gobierno Abierto.
